PARA QUE EL PUEBLO PARTICIPE MEDIANTE LA CONSULTA PLEBISCITARIA

Compañero, Sergio Aguiló
Diputado Socialista
Estimado Diputado Aguiló,

La notificación a sus pares en la Cámara de Diputados y al partido en su conjunto ("Chile entre dos derechas") es oportuna y necesaria. Mi muy sincero deseo es que su propuesta así como muchas otras de militantes socialistas y de otras sensibilidades políticas, que he leído en estos días, sirvan como base para reencontrarnos con un partido, un programa y una tradición de izquierda que jamás debiéramos haber abandonado. Reencontrarnos con nuestros principios, depende exclusivamente de la conciencia y la voluntad política de las bases socialistas, sea cual fuere el partido en el cual militen.

Sin embargo, no podemos dejar de constatar que por sus métodos antidemocráticos y falta de ética partidaria, por su desprecio absoluto de la opinión de las bases - uno de cuyos intentos ha sido y es el de embarcarnos en un proyecto socialdemócrata a espaldas de la militancia - y en fin, por su compromiso, en los hechos, con el modelo, la actual dirección del partido se ha colocado al margen de toda rectificación, siendo incapaz de reorientar las políticas y programas de la Concertación.

De manera urgente, aquellos que compartimos el diagnóstico de la crisis del partido - la cual en sus términos actuales, lo inhabilita absolutamente para cambiar los términos de diálogo con el gobierno - debemos buscar puntos de convergencia y ponernos a la tarea de rescatar el partido para un proyecto democrático y popular. Sin embargo, reducir este debate a las instancias partidarias sería pequeño. Los problemas evocados en su carta son los problemas que sufre el conjunto de nuestro pueblo. Por ello, este debate tiene alcance nacional y debe ser conducido en esa perspectiva.

Lo cual me induce a proponerle, diputado Aguiló, así como al pueblo socialista, sea cual fuere su militancia partidaria, abrir los espacios para que todos - movimientos de la sociedad civil, muchos de los cuales ejercen hoy el derecho fundamental a la consulta ciudadana; federaciones y confederaciones sindicales urbanas y rurales del sector privado y estatal; pueblos originarios; asociaciones profesionales; estudiantes; dueñas de casas; pobladores; cesantes; jubilados y todos aquellos que sufren los efectos del modelo - debatamos y busquemos nuevas vías de acción, nuevas instituciones que permitan la más amplia participación y seguimiento de los acuerdos adoptados.

Su segundo documento ("Es hora de escuchar la gente") es un llamado a la Consulta Ciudadana y sin lugar a dudas, un valioso aporte para sumar fuerzas. Sin embargo, permítame hacerle un alcance que pudiera contribuir a dar mayor fuerza a la Consulta. Contrariamente a lo que comúnmente se afirma, la Constitución Política del Estado prevé el plebiscito. Este se encuentra consagrado en el artículo 5º de la Constitución. Allí se lee que "la soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito.." Este artículo consagra lo que los tratadistas llaman el poder constituyente originario. Agreguemos que el artículo 4º de la Constitución declara que "Chile es una república democrática" eliminando el vocablo "representativo" de la Constitución de 1925 (artículo 1º), con lo cual el carácter directo o al menos semi-directo del sistema político aparece como el desideratum lógico de la Constitución de 1980. Concuerdo con Usted que el caso de plebiscito por iniciativa popular no está contemplado en la Constitución. Derecho que sí tiene el Poder Ejecutivo, esto es, el Presidente de la República, en cuanto poder constituyente originario. Las constituciones de 1925 y 1980 fueron aprobadas mediante convocatoria en que el Presidente de la República sometía su aprobación a la voluntad solemnemente expresada por sus conciudadanos a través del plebiscito.

Concluyamos. La convocatoria a plebiscito por el Presidente de la República requiere de voluntad política para, aplicando el Art. 5º de la Constitución, se restablezca la soberanía de la Nación y su ejercicio, así como el ejercicio pleno de las garantías constitucionales. De la Concertación 1 a la 3, no ha existido voluntad política, para dirimir mediante el plebiscito, convocado por el Presidente de la República, el conflicto con la oposición de derecha sobre las reformas constitucionales. No podemos dejar este tema en manos de cábalas políticas o discusiones entre tratadistas. Es hora que el pueblo participe mediante la consulta en el ámbito nacional.

En Chile se han organizado, en los dos últimos decenios, y continúan, varias consultas populares. La primera tuvo lugar en Concepción, durante la dictadura, en 1987, y participaron 70 mil personas. En la misma ciudad, el año 2001, para oponerse a la privatización de Essbío participaron 136 mil personas. Ambas fueron convocadas por el Comité por la Realización de Consultas Plebiscitarias de la región de Concepción. En el curso del año 1998, el Movimiento por la Dignidad Nacional y la Justicia Social recolectó 200 mil firmas para que el Presidente de la República llamara a plebiscito en virtud del Art. 5º de la Constitución y rompiera de esta manera el impase producido en el Congreso por las reformas constitucionales. En la misma consulta, por una razón ética fundamental, se declaraba la inhabilidad de Pinochet para ejercer el cargo de Senador vitalicio y por fin, se manifestaba la oposición del pueblo de Chile a cualquier intento de privatización de CODELCO. Actualmente, el Movimiento, con activa participación de los trabajadores de El Teniente, prepara una consulta popular para el día 11 de julio, día en que se conmemora la nacionalización del cobre. El movimiento Aquí la Gente ha realizado en el curso del año 2001 y 2002 consultas ciudadanas relativas a la ley de DICOM, las tarifas del Metro y últimamente con relación a las conductas éticas de un Ministro de la Corte Suprema; y del Presidente del Metro, simultáneamente este último, director de la CTC, por conflicto de intereses. Actualmente, la Comisión Ética contra la Tortura recoge firmas para exigir una ley de reparación en favor de los torturados y que se juzgue a Pinochet. Es también la propuesta del Movimiento Somos la Iglesia. En otro plano, importantes movimientos, algunos de ellos partícipes del Foro Social Mundial, como ATTAC, Chile Sustentable, Alianza por el Comercio Justo y Responsable, Foro América, Confederación Campesina Anamuri, Taller PIRET, Servicio de Estudios Regionales, Centro Ecuménico Diego de Medellín, Fundación Rafael Agustín Gumucio, etc., se han pronunciado sobre las consecuencias de la incorporación al NAFTA y el proyecto ALCA, los flujos de capitales especulativos, el gasto en armamentos, la acción de las multinacionales del cobre en Chile, el ajuste estructural, ética y desarrollo, estatus constitucional para los pueblos originarios, etc. Estos movimientos ciudadanos, así como muchos otros, deben formar parte de una convocatoria nacional y plural por los temas que Usted indica y otros, que a medida que avance el proceso de consulta ciudadana se vayan incorporando a la propuesta popular.

A continuación propongo algunos temas que podrían agregarse a los por Usted señalados:

1. llamado por el Presidente de la República a Plebiscito por las reformas constitucionales hoy pendientes en el Congreso; reglamentación orgánica del precepto básico constitucional del artículo 5º de la Constitución Política del Estado; consagrándose al mismo tiempo el llamado a consulta plebiscitaria;
2. oposición a la privatización de CODELCO, ENAMI y ENAP;
3. consulta relativa a la educación: Primero: retomar por el Estado aquellas escuelas municipalizadas en quiebra. Segundo, consagrar aranceles diferenciados, dependiendo éstos del nivel económico de los estudiantes y creando seguidamente un fondo nacional solidario de la educación. Tercero, otorgar los subsidios directamente a los estudiantes sin pasar por los empresarios de la educación (véase más abajo, el tema de la educación, en la página página 7);
4. se consagre el principio del "reparto" en un nuevo sistema de pensiones y en oposición al actual de "capitalización" consagrado en el sistema de administradoras de fondos de pensiones (AFPs);
5. se restituya el sistema de doble tributación mediante el cual las empresas paguen efectivamente impuesto por sus utilidades ;
6. que el Presidente de la República aplique el Art. 18 del DL 1349 de Ley Orgánica de COCHILCO de 1976, que le permite decretar el monopolio del cobre y fijar su precio ; establecimiento en la minería del cobre de un royalty por unidad de producto extraído.
7. derogación de la ley de Amnistía que exculpa los delitos cometidos durante la dictadura anteriores a 1978; juzgamiento de Pinochet;
8. se manifiesta la oposición del pueblo de Chile al proyecto de ALCA liderado por EE.UU;
9. se discuta y promulgue ley sobre conflicto de intereses afectando a los funcionarios de la Administración Pública;
10. se instituya un plazo de dos años, anterior a la edad de retiro del sistema judicial de los Ministros de la Corte Suprema, para gozar de la indemnización por retiro anticipado.

Sin embargo, permítame diputado Aguiló, expresar mis dudas acerca de la recepción por parte del gobierno de la consulta ciudadana. Al margen de las declaraciones, en los hechos y en el discurso, la Concertación ha adoptado el modelo neoliberal. Más que un modelo económico, el neoliberalismo es una cultura en la cual por obra de los mecanismos del mercado resulta difícil, si no imposible, ejercer la libertad al mismo tiempo que la justicia social y la solidaridad. La existencia de mercados globales, a través de los cuales las multinacionales ejercen su control, genera un Estado débil, incapaz de recaudar impuestos, detener la especulación financiera y resolver los problemas sociales. Por todo ello, desde hace mucho tiempo el pueblo socialista, ya sea en su versión laica o cristiana, ha condenado a los gobiernos de la Concertación, más preocupados de administrar el modelo neoliberal que de luchar por realizar las grandes transformaciones económicas, sociales y políticas que sus dirigentes prometieron en la década de los 80, cuando formaron parte de la Alianza Democrática.

En situación de crisis internacional, la Concertación no tiene, o pretende ignorar, los elementos indispensables para desarrollar una estrategia de crecimiento. Inmerso en el proceso de privatizaciones (cobre, conjunto de empresas CORFO), y en el desarrollo de los servicios bancarios y mercado de capitales, la Concertación, ha entrado en la fase del modelo de desarrollo de la renta financiera donde las privatizaciones son la llave maestra del control de la economía y cuyo desenlace ha sido tradicionalmente el desempleo, tarifas abusivas, precios de transferencia - entre las filiales y la casa matriz - más bajos que los del mercado internacional, en fin, elusión de impuestos.

Ninguna de estas operaciones lesivas al interés nacional sería posible sin la complicidad de los grupos locales de poder. Obnubilado por mantener una imagen de riesgo-país bajo, el gobierno de la Concertación ha dimitido de sus funciones de conducción, creando un vacío político, donde los actores empresariales son determinantes en las estrategias propuestas (privatizaciones, leyes impositivas, Agenda Pro Crecimiento). Presa del modelo, la Concertación ha abierto la economía sin restricciones, ha privilegiado Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea en desmedro de acuerdos regionales que le hubiesen permitido negociar en mejores condiciones y oponerse a las políticas proteccionistas de los países industrializados. Ignorando la vulnerabilidad de la economía chilena a las crisis internacionales y sus efectos sobre el crecimiento del PIB, el empleo, el salario mínimo, las remuneraciones promedio, la inflación, que a su vez afectan el gasto social público y de esta manera la integración social, la Concertación ha proseguido su política de acuerdos empresariales en puntos fundamentales de la economía. Estos acuerdos implican el desarrollo del modelo de renta financiera y el endeudamiento externo del sector privado, más de 30 mil millones de dólares en el presente, y que en el momento de hacerse efectivo en épocas de crisis -como en 1982, con la llamada deuda subordinada - es el Estado quien deberá constituirse como aval.

Todo lo dicho es conocido por el pueblo de Chile y está internalizado en su conciencia. Conviene por ello recordar que en un pasado reciente - noviembre de 1998 - el gobierno de la Concertación preconizó alzas en las tasas de interés, durante la crisis asiática, lo cual llevó a un ajuste violento del gasto privado, a la quiebra de numerosas empresas y un desempleo masivo. El gobierno de la Concertación copiaba las mismas reglas - equivocadas del FMI - que recomendaba a las economías asiáticas, elevar la tasa del interés para evitar la fuga de capitales. Los automatismos monetarios previstos en la ideología del Fondo no se cumplieron. En economías destruidas por el endeudamiento ninguna tasa de interés podría retener o atraer los capitales como efectivamente sucedió.

A poco más de un año de la crisis (agosto de 1999) el gobierno declaró que NO se aumentarían los recursos destinados a disminuir la cesantía, sino que se reasignarían y refolicazarían algunos recursos anunciados en el mal llamado plan de reactivación contra el desempleo (PEM). Dos meses más tarde, el gobierno anunció nuevas medidas de reactivación de la economía destinadas fundamentalmente a aumentar el gasto, específicamente en el sector de la construcción. En noviembre, el gobierno declaró que "Chile tiene todos sus equilibrios corregidos (...) la economía mostrará sus primeros índices de actividad correspondientes al pasado mes de septiembre y esta recuperación se manifestará con mucha fuerza en diciembre." ¿Cuál fue la realidad? A comienzos del año 2000 se comprobó que del plan de reactivación que había puesto en marcha el gobierno, solamente se habían beneficiado de los mecanismos destinados a reprogramar las deudas y obtener líneas de créditos a través del sistema financiero, 2500 PYMES, esto es, 5% del total. El balance de la situación demostró que las pequeñas empresas cargaron con el peso del ajuste económico realizado para defenderse de la crisis internacional. Mas del 80% de las empresas que quebraron en 1998 y en el curso de 1999, eran PYMES, como corolario de ello, el contingente de nuevos desempleados eran ex trabajadores de pequeñas y medianas empresas. Recordemos que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y talleres artesanales representan el 80% de la ocupación en Chile. En junio del 2000 el desempleo en la construcción llegó a 24% y el promedio de desempleo de todos los sectores, según anunció el Instituto Nacional de Estadísticas en noviembre de ese año, fue de 11,4%, esto es, 660.000 trabajadores.

En conclusión, el modelo y las opciones seguidas por el Gobierno de la Concertación no generaban empleos y la fuerza laboral crecía. Hoy, después de tantas vueltas y revueltas, la Concertación 3 entró en la lógica de los programas de Pinochet para el empleo (PEM y POJH). Precisemos que, 9.1% de la fuerza de trabajo que labora como dependiente a jornada completa gana el salario mínimo (SM). Si a ellos se agrega, quienes tienen ingresos hasta 1,2 veces el SM, para cuantificar el tamaño del segmento impactado por los ajustes de esta variable, la cantidad de trabajadores afectados supera el 15% de la fuerza de trabajo. Ese es el contingente que recibe directamente los embates de la crisis, al cual deben agregarse 3 millones 80 mil personas en situación de pobreza según la encuesta CASEN (2000), dentro del cual se encuentran los indigentes que con relación a la encuesta CASEN (1998) crecieron en 49 mil, totalizando 849 mil 169 personas.

Agreguemos, que la situación de desempleo estructural ha afectado los derechos colectivos de los trabajadores, tanto en sus posibilidades de negociar colectivamente como de utilizar el derecho a huelga como medio de presión. El modelo seguido por la Concertación, llamémoslo pinochetismo sin Pinochet, heredero de aquel practicado por la derecha durante la dictadura, ha golpeado seriamente la organización sindical y los medios que franquea la ley para hacer valer los derechos de los trabajadores.

La vulnerabilidad de la economía ha cobrado un alto costo a la lucha reivindicativa. En 1992 había 724 mil trabajadores adscritos a sindicatos. En 1998 bajaron a 601 mil. Es decir, 123 mil trabajadores se restaron a la organización sindical. Cada vez hay más dificultades para convocar el núcleo básico que permite la sindicalización, pues hay una tendencia cada vez mayor a tener más empresas pequeñas. Entre las causas se cuentan el proceso creciente de desconcentración, de filialización y de encadenamientos productivos. Han aumentado las líneas de subcontratación y con ello la precariedad del empleo, en lo que respecta al tipo de contrato y a la estabilidad. La apertura económica indiscriminada, aumenta la incertidumbre de trabajadores y empresas. Las quiebras y los ceses de faenas aumentan la precariedad e incertidumbre entre los trabajadores.

Sin una visión total de la economía, en sus sectores urbano y rural, resulta difícil entender los problemas que encuentra el modelo, tanto en su versión pinochetista más directa y legítima - esto es, aquella de la derecha tradicional - como en su versión más espuria, cual es la de la Concertación. La ausencia de estrategia de los sectores más vulnerables de la economía agraria ha significado que los problemas sociales y económicos se trasladen al sector urbano. Esto es, el costo de los PEM urbanos es más elevado cuando los problemas del agro no han sido resueltos.

Es más, precarios sistemas de seguridad social, de salud, vivienda, electrificación, caminos alimentadores en el sector agrario, contribuyen a aumentar dicho costo. En parte es lo que ocurrió cuando el candidato Lagos, prometió 150 mil hectáreas de tierra a la población mapuche, en circunstancias que el Estado no estaba en capacidad de distribuir más que 15 mil hectáreas fiscales entre la VIII y IX Regiones. Ni Lagos ni sus predecesores, supieron o no pudieron, prever el costo de no hacer nada por la población mapuche durante decenas de años. Hoy, revertir la situación, implica un costo oportunidad importante para cualquiera acción que deba emprenderse con ese sector de la población (Según estimados oficiales el costo de cumplir la promesa de Lagos sería de unos 150 mil millones de pesos. En circunstancias que Hacienda entrega sólo 14 mil millones de pesos al año para el fondo de tierras indígenas). Todo ello bajo el supuesto - por lo demás errado - que el problema del pueblo mapuche se resuelve otorgando tierras. Sin una solución política a este problema (la realidad demuestra que Purén -provincia de Malleco- es la comuna donde la CONADI ha gastado más en la compra de tierras. Sin embargo, se trata de uno de los focos de conflictos más importantes de la araucanía), la inestabilidad social y la conciencia nacional e internacional de un problema no resuelto perseguirán a este gobierno, como a los sucesivos, que se nieguen a afrontarlo.

Existen dos sectores sociales, educación y salud, que interpelan a la conciencia y movilización nacionales para su solución. La derecha privatizó y excluyó. La Concertación se encontró con un mar de necesidades. Dividida entre las reglas del mercado (hubo un ministro de Salud que llegó hasta aplicar criterios de eficiencia empresarial) y los principios de solidaridad que el pueblo exige, la Concertación profundizó sus indecisiones, situándose en un terreno de nadie donde muy pocos pueden ver un puerto de llegada.

El crecimiento competitivo (en el ámbito global) implica situarse en nichos especializados de la investigación aplicada, de la producción y el comercio. No cualquiera accede al mundo del trabajo. Se precisan competencias que no todo el mundo tiene. Para Chile esto es un desafío de proporciones. Agreguemos, que apenas 0.6% del PIB se destina a la investigación.

Al estudiar la pirámide educacional en Chile se comprueban insuficiencias de la educación, que hipotecan gravemente cualquiera iniciativa importante de desarrollo productivo. De 100 personas, de 15 años y más con estudios aprobados en los diferentes niveles de enseñanza, 6 declararon, en 1992 (Censo de población), haber seguido algún grado de la escuela pre-básica. Sin embargo, sólo 5 cumplió el ciclo completo de 3 años. 48 cursó algún grado de la escuela básica, pero en definitiva sólo 40 logró completarlo. 38 se incorporó a la escuela media, alcanzando algún grado de la escuela media, pero sólo 13 completó sus estudios, y 5 logró entrar a la educación superior. 2 nunca recibió, en su vida, algún tipo de educación.

El hecho que de cada 100 jóvenes, sólo 5 puedan llegar a la Universidad, plantea un problema serio de inserción de la masa laboral en la estructura moderna de la economía. Es más, ni siquiera esos 5 tienen asegurada su inserción. De todo ello se desprende que muchos se quedan en el camino: 28.273 en la escuela pre-básica; 177.580 en la escuela básica; 440.215 en la escuela media. A lo cual hay que sumar 112.712, hoy económicamente activos, que nunca asistieron, en su vida, a la escuela. Con esto se concluye que 768.780 personas enfrentan una situación desmedrada en el mercado del trabajo.

El trabajador chileno no calificado, dentro de un modelo rentista financiero, no tiene ninguna perspectiva de participar en el desarrollo de su país, salvo en el sector terciario de pequeños servicios o mano de obra barata y mal calificada en sectores tradicionales de la economía. Es más, las diferencias sociales tienden a profundizarse, en un mundo globalizado de avances rápidos. Con tan bajos niveles de calificación es imposible pensar en crecer en términos modernos y al mismo tiempo dar empleo. ¡Existen inversiones en la gran minería de más de 100 millones de dólares y que proporcionan, apenas 200 empleos directos! Tal es el grado de calificación de inversiones cuya vocación a casi 100%, es la exportación hacia los grandes centros industrializados del planeta.

Recuerdo haber escuchado a Radomiro Tomic, en 1953, decir que de cada 100 jóvenes que ingresaban a la educación primaria (de la época) sólo 1 llegaba a la universidad. Hoy, son 5 y han pasado 5 décadas. Pregunto: ¿tendremos que esperar 5 décadas más para tener 10 de cada 100 jóvenes que accedan a la Universidad?

En ese contexto, las bases de la participación ciudadana en el proceso político, económico y social del país son débiles. Puesto que sus posibilidades de participación plena en el proceso de generación de ingresos y en el empleo son escasas. La participación lleva a la integración social y a los procesos de desarrollo sustentable. El modelo actual impide la participación y bloquea cualquier posibilidad de desarrollo sustentable. Es más, la actividad del Estado en la economía ha sido bloqueada sistemáticamente. Se ha desprendido de la educación, entregándola a empresarios, más interesados en su lucro personal, que en el proceso de formación de las nuevas generaciones. La educación municipalizada se encuentra en déficit permanente. Los subsidios se otorgan a las instituciones (entre ellas las administradas por los "sostenedores") y no a los usuarios directamente. Agreguemos a todo ello que los aranceles son uniformes, independientemente del nivel económico de los estudiantes. Por eso, es tarea urgente defender la Educación Pública y para ello, es necesario como Primer paso, retomar aquellas escuelas municipalizadas en quiebra. Segundo, consagrar aranceles diferenciados, dependiendo éstos del nivel económico de los estudiantes y creando seguidamente un fondo nacional solidario de la educación. Tercero, otorgar los subsidios directamente a los estudiantes sin pasar por los empresarios de la educación. Este es un conjunto de tareas, no sólo posible, sino, además, necesarias y para la cual llamamos a la movilización de todo el pueblo de Chile.

Los gobiernos de la Concertación adquirieron compromisos con relación a la educación en Chile. Se prometió enviar un proyecto de ley para corregir las deficiencias observadas en la implementación de la Jornada Escolar Completa, sobre todo aquellas relativas a remuneraciones y modalidades de contratos. Las promesas han quedado en eso: sólo promesas. La dictadura dejó la educación en manos de las municipalidades sin financiamiento. En ausencia de un pronunciamiento del Estado sobre ese problema, los Alcaldes han tratado de resolver los déficit presupuestarios (30 mil millones de pesos) optando por reducir los horarios, despedir profesores, cambiar los términos de los contratos de trabajo, eliminar horas de taller, trasladar profesores. En algunos casos se han producido despidos ilegales, en otros se han contratado docentes por sólo dos meses. Balance más bien negativo y que requiere de una política de Estado, retomando el Ministerio de Educación el lugar y la iniciativa que le corresponde.

En el caso de la salud, nuevamente nos encontramos con demandas de solidaridad. Pero, al igual que en la educación, la Concertación se encuentra entrampada en los mecanismos del mercado. Si se ofrece un plan universal de prestaciones (pago de hospitales, laboratorios, honorarios, etc.) deberán tomarse en cuenta los precios y remuneraciones del mercado. Surge allí la duda: ¿Podrá acaso compatibilizarse la socialización de las prestaciones, con precios y remuneraciones que obedecen las reglas del mercado?

La solidaridad significa un sistema de aportes según el salario de cada cual para prestaciones sin respecto a aquellos. Sin un sistema claro de aportes, en virtud del cual las ISAPRES se integren al sistema, la solidaridad naufragará en las estreches de la Caja Fiscal.

Es conocido el ningún acuerdo que el gobierno de la Concertación logró con el sector privado cuando el año 2001 propuso financiar el Fondo Solidario mediante el 3% de las cotizaciones de los afiliados a las ISAPRES. Después, las propuestas se han dirigido hacia el financiamiento basado en la reorientación de recursos provenientes de algunos impuestos. Sin la integración del sector privado al funcionamiento del sistema, los principios de solidaridad enunciados no pasan de ser simples declaraciones de intención.

Como en este y otros temas, propios de la seguridad social, nos interrogamos sobre la voluntad política de la Concertación para llegar a una solución donde ya no exista el temor de envejecer o de crecer porque no hay oportunidades de estudio o de empleo, protegido y bien remunerado.

Cuando sobrevino la crisis asiática esta significó la pérdida de importantes mercados, la baja brutal del crecimiento económico, la destrucción de parte del capital físico de la nación, cesantía y pobreza. Chile no estaba preparado para enfrentar la globalidad. Esto demuestra la fragilidad de nuestro sistema económico - ningún país ha llegado a la industrialización basado en la exportación de materias primas - y, la urgencia de resolver problemas tales como la reinserción laboral, la capacitación en los sectores deprimidos de la economía. Demuestra además el colapso de la economía local - caso de las comunas mineras de Chañaral, Taltal, Lota, entre muchas otras - y la necesidad de programas de reconversión económica y sociales de apoyo, relativos a salud, vivienda, educación y jubilaciones anticipadas.

Para vencer la crisis se requiere de un movimiento social vasto y organizado, capaz de enfrentar el contrapeso de las organizaciones patronales y su poder financiero, eliminar el control monopólico de los medios y la telecomunicación pues ellos vuelcan ese poder en manipulación social y presión política. Conjugar progreso económico y justicia social, expresado todo ello en una economía donde se consagre la solidaridad, requiere de una vasta movilización social y concretar un proyecto político que encauce las grandes transformaciones sociales que Chile requiere.

No es el crecimiento de la economía el que automáticamente resolverá el problema. En el modelo neoliberal la pobreza se trata como un residuo irremediable del crecimiento. Existe cada vez más conciencia que el desarrollo actual no conduce al desarrollo de todos. Se plantean interrogantes que no hallan respuesta, y de los cuales depende la integración social de una sociedad desgarrada por profundas desigualdades sociales. ¿Qué tipo de desarrollo queremos?, ¿Qué crecimiento implica ese desarrollo? ¿Cuales son las tasas de ganancia que consagra el sistema actual, los niveles de salarios, las condiciones de trabajo, la responsabilidad medioambiental de la empresa, su entorno físico, habitacional?

En un sistema en el cual se ha separado brutalmente lo macroeconómico y lo microeconómico, el contenido real de la pobreza nos convoca a situarla territorialmente y en su relación con el desarrollo de ciudades en donde conviven, las poblaciones de los desplazados del campo y los agentes de los sectores modernos de la economía. En un modelo donde la sociabilidad se ha perdido, el individuo, se encuentra irremediablemente solo con sus problemas. Intuye y busca, una actitud ética fundamental frente a la vida en sociedad, en donde pueda sentirse y ser copartícipe de la situación de necesidad en que nos encontramos todos y cada uno de nosotros.¿Cómo entender una democracia que consagra nuestros derechos de libertad, si la lucha por la igualdad a la que todos aspiramos, no convoca un gesto de solidaridad?

El historial de los temas aquí tratados nos obliga a plantear una cuestión de fondo: la aplicación del modelo neoliberal por la Concertación es el balance de una política agotada. Quienes fijan la agenda son los grupos económicos, no el gobierno, el cual, en su desconcierto, no logra entender por qué el pueblo "no consume" y considera con absoluta reserva, si no, con desconfianza, el optimismo de los anuncios oficiales. En esta situación, como en otras, el pueblo con su conciencia sobre los problemas que lo agobian va más adelantado que el gobierno y la Concertación. Por eso, grupos ciudadanos, cada vez más importantes toman iniciativas de denuncia y propuesta frente a las desigualdades sociales, salud, educación, vivienda, pensiones, exonerados, gastos en armamentos, desnacionalización del cobre, ALCA, tratado bilateral con EE.UU, etc.

Su gesto, diputado Aguiló, de autocrítica y consulta ciudadana es muy valioso y estoy seguro que lo sitúa como interlocutor valedero del conjunto de iniciativas que hoy nacen en Chile. Si algo diferenció a la experiencia chilena en el período 1970-1973, de las anteriores propuestas históricas realizadas por el movimiento popular, fue el proyecto que Salvador Allende resumía diciendo que el pueblo debía tomar responsablemente en sus manos la construcción de su propio futuro y que todo dependería del Estado y de sus instituciones para impulsar las transformaciones estructurales sin desintegrarse.

¿No es este el mensaje que Usted resume magníficamente en el último párrafo de su propuesta?: "Ha llegado la hora de que el ciudadano común y corriente de nuestra patria (...) tome por si mismo las decisiones que han de influir en su futuro, en el de su familia y, sobre todo, en el de sus hijos".

Héctor Vega
Militante socialista

Santiago, 4 de abril del 2002