LA GRAN REVANCHA

Por: Manuel Riesco*

Tras el golpe militar de 1973 se desató en Chile una fuerte ofensiva contra la parte civil del Estado, mientras -paralelamente- la parte militar del mismo era elevada a la categoría de garante de la patria y expandida considerablemente. Dicha ofensiva significó un grave deterioro del aparato del Estado y los servicios públicos, y residuos de la misma aún se mantienen vigentes.

Tras el golpe, desde luego se volvieron a privatizar todas las empresas adquiridas o intervenidas por el gobierno de la Unidad Popular -más de trescientas firmas fueron devueltas a sus anteriores dueños, o reprivatizadas, incluyendo todos los bancos a excepción del Banco del Estado-. En una segunda oleada durante los años ochentas, se privatizaron además la mayor parte de las empresas del Estado, es decir: aquellas que éste había formado a lo largo del siglo XX. Este aspecto de la ofensiva anti-estatal se repite más tarde en el resto de América Latina y en verdad en todo el mundo en desarrollo, especialmente tras la caída de los regímenes comunistas. Parece difícil que una ola privatizadora de tal magnitud y extensión no haya sino respondido a corrientes muy profundas del desenvolvimiento socio-económico.

Pudiera ser que la enorme intervención del Estado en la creación de empresas productivas durante el siglo XX en todo el mundo, con excepción de los países capitalistas desarrollados, hubiese obedecido a que países muy atrasados, predominantemente campesinos, se vieron forzados a acceder de esa manera a las industrias que el capitalismo había inventado y desarrollado por sí sólo en los países de desarrollo más temprano. En otras palabras, nuestros países tuvieron que construir sus redes de ferrocarriles, electricidad, telecomunicaciones, sus usinas de acero, etc., a la vieja manera en que el Estado organiza sus cosas, debido a que todavía no contaban con la estructura socio-económica capaz de crearlas por si sola.

Como fruto del propio éxito de los estados desarrollistas o socialistas, sin embargo, estas sociedades se transformaron completamente, de modo que a fines del siglo XX ya contaban con los recursos socio-económicos, principalmente trabajadores modernos y empresarios reales o potenciales, capaces de hacerse cargo por si mismos de las empresas productivas que el Estado había desarrollado.

Pero lo peculiar del caso chileno consiste en que la ofensiva anti-estatal no frenó allí, es decir: no se remitió a la privatización de empresas estatales, sino que afectó profundamente al conjunto del aparato civil del Estado.

Tras el golpe militar, los recursos destinados a educación y salud, por ejemplo, fueron reducidos a la mitad y las remuneraciones del magisterio a una tercera parte, en moneda de igual valor, y ambos se mantuvieron muy reducidos hasta el término de la dictadura. El deterioro de los sistemas públicos de salud y educación fue catastrófico, hasta el punto que la matrícula global del sistema educacional se redujo durante la primera década de dictadura y los establecimientos públicos de educación y salud, así como las remuneraciones de sus funcionarios todavía muestran las huellas del deterioro sufrido, a pesar del importante esfuerzo por recuperarlos llevado a cabo durante los años noventas.

Lo anterior no ocurre en los demás países de América Latina, donde las reformas de los servicios sociales del Estado se realizaron por lo general en un contexto de expansión de los mismos, así como del aparato estatal en general. En América Latina en su conjunto, el gasto social se duplicó durante la década 1991-1999, durante la que se introdujeron las reformas referidas en la mayor parte de los países.

Desde el punto de vista de la ideología de las clases dirigentes, en ningún otro país de la región se aprecia el predominio -en estos años- de las formas más radicales del neo-liberalismo anti-estatista en forma tan aplastante como en Chile. En nuestro país los dirigentes empresariales y políticos de derecha y algunos de centro, la academia y los círculos profesionales, así como la prensa especializada, han adherido en forma cerrada y casi religiosa a las formas más extremas y unilaterales del neo-liberalismo anti-estatista. Están muy extendidas en las elites dirigentes chilenas las concepciones de lo que ha sido calificado de anarquismo burgués.

Demás está recordar, por cierto, que el desarrollo de un fuerte aparato estatal es una de los rasgos más característicos de la modernidad, y se aprecia una perfecta correlación entre el desarrollo económico y social de los países y el tamaño de sus respectivos estados. De hecho, el tamaño del Estado, medido en términos del gasto público en relación al PIB, alcanza magnitudes del orden de 10% a 15% en los países más atrasados de América Latina y África, mientras se empina a cifras del orden de 20 a 30% en países de desarrollo medio como Argentina, Brasil, México y Chile, y alcanza a magnitudes del orden del 50% en los países desarrollados de Europa y Norteamérica.

El gasto público social, por su parte, alcanza cifras inferiores al 10% en los países más atrasados, del orden de 20 a 25% en los países de desarrollo medio -17% en el caso chileno- y magnitudes superiores al 35% en los países desarrollados.

En el caso del aparato estatal chileno, su desarrollo constituye una de las creaciones más importantes de las elites nacionales durante el curso del siglo XX. Dejando de lado el aspecto militar del mismo, junto con la formación de un servicio público bastante calificado -incluyendo un servicio exterior muy profesional- destaca en el caso chileno la creación de importantes servicios públicos de educación y salud, entre otros. Éstos fueron desarrollados, en el caso de la salud por ejemplo, a partir de la absorción de las instituciones privadas de beneficencia por parte del Estado en la década de 1920, durante un gobierno militar, y desarrollados luego por gobiernos de todos los signos, desde conservadores a socialistas, con una apreciable continuidad en sus cuadros dirigentes, conformada por una pléyade de médicos salubristas, con orientación desarrollista, desde Alejandro del Río, primer Ministro de Salud (1924) al propio Presidente Salvador Allende. Destacan asimismo las generaciones de ingenieros y otros técnicos formados en el espíritu del servicio público, quiénes crearon las empresas del Estado al alero de la CORFO, de las cuales queda en pie el equipo que dirige hoy día CODELCO.

¿A qué se debe entonces el tremendo deterioro del Estado y los servicios públicos en el caso chileno? ¿Por qué nuestras clases dirigentes, han abrazado el neo-liberalismo más extremo y anarquizante? ¿Porque en Chile los grupos dirigentes se vuelven en contra de un aparato estatal que fuera una de sus propias creaciones más genuinas y relevantes durante el siglo pasado?

Parcialmente la respuesta a dichas preguntas se puede encontrar en que las reformas en Chile fueron introducidas en un período de crisis económica y estancamiento, como fueron las décadas de 1971-1980 y 1981-1990, a diferencia de las reformas de los años 1991-200 -incluida la chilena- que fueron realizadas en un período de rápido crecimiento y recuperación del aparato estatal.

Por otra parte, las reformas chilenas fueron introducidas por un gobierno dictatorial, mientras que las reformas de los años 1990 fueron llevadas a cabo por gobiernos democráticos. Sin embargo, estas razones no parecen explicar del todo el fenómeno, puesto que asimismo otros países de la región, como Argentina, Brasil y México, atravesaron durante estos años por crisis económicas tanto o más graves que el caso chileno, sin que sus servicios estatales se vieran sometidos a deterioros significativos. Además gobiernos autoritarios o dictatoriales, como los que hubo en esos mismos países, de hecho expandieron considerablemente el Estado y los servicios públicos.

Quizás en parte la respuesta a las preguntas anteriores se pueda encontrar en la historia reciente de nuestro país, particularmente en la posición asumida por el aparato estatal chileno, durante los turbulentos acontecimientos de los años sesentas y la revolución de 1970-1973. Durante esos años, llama la atención la gran autonomía asumida por el funcionariado estatal con respecto a la clase dirigente tradicional, y su apoyo decidido, en alianza con los campesinos, obreros y capas medias en general, a la idea de dar una solución revolucionaria a los obstáculos que impedían el progreso del país. Puede afirmarse que el conjunto del aparato estatal, asumió de hecho un rol protagónico en las reformas de los años que se inician en 1960 y en las radicales transformaciones de 1970-1973.

La abrumadora mayoría de los cuadros de la burocracia estatal y de los funcionarios públicos de hecho apoyaron el proceso, incluyendo por ejemplo al magisterio, el que jugó un rol preponderante en lo que se refiere a la educación y agitación del campesinado.

Desde la Presidencia de Eduardo Frei Montalva y especialmente luego de asumido el gobierno por parte del presidente Salvador Allende, el Estado encabezó un proceso de profundas reformas y cambios radicales que pusieron término al latifundio, cambiando para siempre la estructura socio-económica de Chile, además de nacionalizar el cobre, expandir fuertemente la educación y la salud públicas disminuyendo drásticamente la desnutrición y el analfabetismo. En los hechos, dichos procesos constituyeron la culminación del período del Estado desarrollista del siglo XX y sus logros constituyen la base sobre la cual se asienta la modernidad presente del país. Constituyen, por así decirlo, las gestas fundacionales del Chile moderno.

Sin embargo, tal papel fue desconocido completamente por la dictadura militar que puso término a la revolución, a pesar que la misma de hecho construyó sobre la base de los grandes logros de los procesos anteriores. No revirtió sino que completó la reforma agraria, y en lugar de devolver las minas de cobre a las empresas estadounidenses duplicó el tamaño de CODELCO. Las reformas de mercado que introdujo, por su parte, fueron posibles en no poca medida precisamente porque los procesos anteriores habían prácticamente barrido con los sectores más conservadores, los mismos que impidieron por ejemplo, a la contemporánea dictadura argentina rebajar los aranceles. Muy por el contrario, la dictadura de Pinochet, y los sectores sociales dirigentes a su sombra, procedieron a cobrarse la revancha contra todos aquellos que promovieron las reformas y la revolución precedentes.

En primer lugar contra los campesinos, los nombres de cuyos dirigentes hacen mayoría en la lista de los detenidos desaparecidos y ejecutados por la dictadura, también contra el movimiento sindical y los obreros. Sin embargo, los funcionarios y el aparato civil del estado mismo -los pocos militares que se opusieron al golpe fueron desde luego perseguidos con particular brutalidad- fueron también objeto de esta revancha feroz. Los universitarios y el magisterio, por ejemplo, fueron perseguidos con especial saña, así como las instituciones de educación pública mismas. Otro tanto ocurrió con la salud pública.

Sin embargo, como se ha mostrado más arriba, la revancha contra el Estado no se limitó a la represión política, sino que fue mucho más allá, traduciéndose en un deterioro generalizado de los servicios del Estado, del cual todavía no se han recuperado del todo. Además, ha significado el entronizamiento de concepciones ideológicas anarquizantes en amplios círculos de cuadros técnicos e intelectuales, lo que prolonga su efecto nocivo, entre otras cosas, en políticas económicas y sectoriales continuadamente restrictivas desde el punto de vista de los servicios públicos. Se continúa operando en los hechos como si la privatización fuera la varita mágica para resolver los problemas de educación y salud, por ejemplo, cuando ha quedado más que demostrado que los sistemas privados introducidos apenas son efectivos para el quinto de mayores ingresos de la población, mientras la gran mayoría depende todavía de servicios públicos aún muy descuidados. Las remuneraciones del magisterio y otros servidores públicos continúan deterioradas.

A estas alturas, pareciera sin duda indispensable terminar de corregir la distorsión y los daños que la revancha anti-Estado han generado al país. Parece conveniente proceder a restablecer prioridades en las políticas públicas, desalojando definitivamente las tendencias anti-Estado de las mismas y por el contrario, proceder a una vigorosa recuperación de los servicios públicos, en el marco de la cual es posible su modernización consensuada con sus funcionarios.

Sólo así se puede atender debidamente la correcta prioridad en estas materias; otorgar con equidad servicios de calidad al conjunto de la población.

Desde el punto de vista del gasto público, pareciera indispensable abordar el desafío del crecimiento del estado y la consecuente necesidad de aumentar significativamente los ingresos tributarios. El propio Ministro de Hacienda ha sido insistente en esta materia y en este aspecto merece ser más escuchado. Por plantear el tema en términos precisos, el desafío de nuestro país al respecto en el curso de los años venideros no debería ser muy diferente a lo que han logrado países del sud-este asiático como Corea y Taiwán, entre otros, en los años recientes; pasar de un 20% del PIB a un 30% del PIB en el gasto público social.

Pareciera tiempo -además- de que los chilenos pongamos coto definitivo a la revancha anti-Estado y nos reconciliemos de verdad con nuestra historia, de la cual una parte importante la constituye la construcción de nuestro Estado.

* Del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA).

FUENTE: El Mostrador