Columna de opinión del Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Emilio Cheyre Espinosa, publicada en el Diario La Tercera (5 de noviembre del 2004).

Se ha cerrado recientemente el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE). Con la misma fecha se ha creado y dado paso a la Agrupación de Seguridad Militar, unidad eminentemente especializada, reducida en dotación de personal y preparada para cumplir misiones distintas a las que efectuaba en el pasado, particularmente hasta 1990, como producto de la situación nacional e internacional de fines del siglo XX.

La creación de esta nueva unidad obedece también a una legislación reciente que busca dotar al Estado de un órgano de Inteligencia con capacidad para producir los insumos necesarios para las resoluciones del nivel político, y con el cual debemos interactuar. No constituye un mero cambio de denominación, de rostros o de lugar de trabajo. Una función como la Inteligencia y la Seguridad Militar, dada su creciente complejidad y su aporte a las decisiones en el ámbito castrense, necesita de contenido real y no de tratamientos cosméticos.

De ahí que este cierre deba ser interpretado como parte de un proceso general, progresivo y previsto por la planificación de modernización institucional, para los tiempos que se viven en la actual realidad nacional e internacional. Éstas son las que nos indican los nuevos paradigmas a seguir. Sin embargo, en estricto rigor, este cambio no es la esencia novedosa; el tema es más profundo, y el cese del BIE es sólo un hecho –desde luego importante– inserto dentro de un conjunto mayor y más relevante de planificadas acciones.

En efecto, el Ejército de Chile viene adoptando, desde hace ya varios años, decisiones tendentes a abandonar una concepción centrada en una óptica propia de la Guerra Fría. Una visión –por cierto generalizada en los diferentes actores sociales nacionales y organizaciones en todo el mundo– que llevó a la radicalización del conflicto y a la imposición de una lógica de confrontación, que llegó a aceptar como legítimos todos los procedimientos y medios de lucha como métodos para obtener o mantener el poder. Una visión que condujo a la comprensión de la política desde una perspectiva que consideraba enemigos a los que eran sólo adversarios y a la reducción del respeto a las personas, su dignidad y sus derechos. Una visión, en fin, que se constituyó en un sello distintivo de nuestras relaciones políticas, sociales y económicas, y que se mantuvo imperante entre nosotros los chilenos, durante muchos años, como la propia Guerra Fría que la inspiraba.

Como consecuencia de la situación descrita el Ejército de Chile no pudo sustraerse a la vorágine inapelable de esa visión y de los acontecimientos que ella, a escala mundial, precipitó, convirtiéndose en uno de los protagonistas principales de los mismos en este, nuestro país. Actuó –en ese contexto– con la absoluta certeza que su proceder era justo y que defendía el bien común general y a la mayoría de los ciudadanos. Se podrá disentir totalmente de esta afirmación, es lícito, pero no es igualmente lícito olvidar ni la lógica de la confrontación que imperaba en ese momento ni el comportamiento consecuente que ella indujo en los chilenos de entonces.

¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos, nunca y para nadie, pueden tener justificación ética. Por ello mis palabras no deben entenderse como una morigeración de lo ocurrido, sino como un esfuerzo más en la búsqueda de la verdad pues, ya lo he dicho antes, la verdad libera y trae paz a los espíritus; pero debe ser una verdad completa y entendida siempre en el contexto histórico en que ocurrieron los hechos. En nuestro caso, unas circunstancias excepcionales, anormales y de odiosidad muy amplias que nos dividieron, y profundamente.

Se trata, sin embargo, de una época y de una manera de existir, como pueblo y como Nación, que se ha dejado atrás. Por ello, como Comandante en Jefe del Ejército, he volcado una parte importante de mi cometido a adecuar a la institución a la realidad de un Chile que aspira al desarrollo, la cooperación y la paz internacionales; a la realidad de un país –el nuestro– que hace suyos los principios y valores de la democracia como sistema político y del respeto a la dignidad del ser humano como el elemento vital para una sana convivencia nacional e internacional.

En esa perspectiva –como ya lo advertí– el cierre del BIE no es un hecho aislado. Concluye un proceso de cambios graduales y sucesivos entre los que destacan la nueva arquitectura del Ejército –que se sustenta en considerar a nuestros vecinos como verdaderos socios y amigos con proyectos comunes–; un proceso educativo de revalorización de los derechos humanos, una atenta revisión y reformulación de nuestra reglamentación y procedimientos y un reposicionamiento en la sociedad –a la cual nos debemos y servimos– buscando una mayor cercanía que nos haga ser percibidos como una institución de todos los chilenos.

El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que, como institución, le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado. Además, ha reconocido en reiteradas oportunidades las faltas y delitos cometidos por personal de su directa dependencia; las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad y a la reconciliación. Asimismo, se ha condolido por los sufrimientos de las víctimas de estas violaciones, reconociendo que recibieron un tratamiento que no se condice con la doctrina permanente e histórica de la institución. Unas violaciones que no justifica y respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse.

Expresión de esta línea de conducta ha sido nuestra concurrencia a la Mesa de Diálogo y el esfuerzo de recopilación de información útil y conducente para establecer el destino final de los detenidos desaparecidos, así como su remisión a los tribunales, únicos encargados de establecer la verdad jurídica y aplicar la legislación vigente. Y al mismo estilo de conducta ha correspondido, más recientemente, nuestro decidido compromiso y colaboración con la Comisión Nacional sobre Prisión Política y/o Tortura, cuyo contenido y conclusiones asumiremos con la misma serenidad y responsabilidad con que hemos actuado hasta ahora.

Puedo afirmar pues, al ofrecer esta sintetizada cuenta del proceso de cambios que el Ejército ha venido efectuando que la institución a mi mando ha transitado desde una organización, una lógica y un actuar, que eran propios de la Guerra Fría, hacia aquella que Chile hoy nos demanda.

Me parece que con el proceso que ha vivido la institución y el país, las lecciones aprendidas por todos y la superación de las divisiones mediante la verdad y la justicia, nos encaminamos hacia un futuro promisorio que, recogiendo estas experiencias, le dé a Chile la suficiente fortaleza y cohesión de su sociedad para enfrentar un mundo complejo, competitivo y con heterogéneas amenazas. Creo, sin embargo, que todavía podemos avanzar mucho en el perfeccionamiento de la sociedad democrática a la cual aspiramos todos los chilenos y que una de las formas de procurar ese avance es la superación de prejuicios y desconfianzas que, también en el pasado, llevaron o al ostracismo de las Fuerzas Armadas en los cuarteles o a un protagonismo de éstas impropio de la condición militar. Esa dicotomía –como expresé en otra oportunidad– puede ser resuelta con grandeza por los chilenos. El justo medio entre estas dos desviaciones sería el paradigma virtuoso que, como sociedad, encontraríamos para establecer los límites entre el aislacionismo ciego, auto excluyente, y el tutelaje castrense.

Se trata, sin embargo, de un justo medio que no nos corresponde a los militares encontrar sino a la ciudadanía toda por intermedio de sus instituciones. Nuestra tarea en esa dirección, quizá aún incompleta, se debe limitar al tránsito institucional desde visiones del pasado, como aquella determinada por la Guerra Fría, hacia otras contemporáneas y concordantes con el Chile hoy. Una tarea a la que seguiremos dedicando nuestros mejores y más honestos esfuerzos como militares y como chilenos.